La Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley relativa a incentivar la industria del videojuego en España. La iniciativa, presentada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Mario Cortés, ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.
La PNL insta al Gobierno modificar el artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades para incluir el videojuego en la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
Se trata de una medida, largamente reivindicada por DEV, para impulsar la entrada de inversores nacionales e internacionales en los proyectos de videojuegos desarrollados en España y cuya gran eficacia ha sido ampliamente demostrada en nuestro país en el sector audiovisual, incluida la animación y los efectos visuales, que ahora mismo se benefician de un porcentaje de deducción fiscal para sus producciones del 30 %. Otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Bélgica y el Reino Unido han implementado desde hace años el incentivo fiscal del cual se benefician las empresas de desarrollo de videojuegos establecidas en estos territorios. Los datos no dejan lugar a dudas; en el Reino Unido, por cada libra invertida en la industria, el incentivo fiscal permitió aportar otras 4 £ a su economía. El 68% de los juegos desarrollados en el Reino Unido no se habrían producido sin el incentivo gubernamental.
De forma similar en Francia, se ha comprobado que por cada euro de crédito fiscal para la producción de videojuegos, se reinvierten 8 euros en el sector y el estado genera casi 1,8 millones de euros por ingresos fiscales y de seguridad social.
En las próximas semanas se debatirá en la Comisión de Cultura del Congreso, la Ponencia del Proyecto de Ley de apoyo al sector cultural para hacer frente al impacto económico y social del COVID en el que numerosos grupos parlamentarios han apoyado una enmienda que va en este mismo sentido.
La iniciativa también defiende dar continuidad a las líneas de apoyo públicas al sector, y se insta para que se dé continuidad al plan estratégico estatal para cubrir las necesidades formativas y facilitar la inserción laboral, además de incluir en los criterios de valoración de los proyectos que reciban apoyo público la creación de empleo de calidad y el fomento de valores de igualdad y no discriminación.